Durante una sesión de trabajo en la Cámara de Diputados esta semana, los diferentes actores de la economía yerbatera expusieron sus visiones contrapuestas respecto al modelo regulatorio que conviene al sector. El encuentro evidenció profundas fracturas dentro de la cadena productiva.
Los cultivadores de yerba mate llegaron con una petición clara: que se devuelvan al INYM las competencias necesarias para intervenir decisivamente en la formación de precios y la organización del mercado. Enfatizaron que sin intervención institucional, quedan a merced de presiones comerciales desfavorables y que la desprotección estatal pone en riesgo sus emprendimientos. Ven en la regulación un instrumento de justicia económica.
Simultáneamente, los empresarios molineros defendieron la posición inversa. Para ellos, la desregulación representa la puerta hacia mayor competitividad, eficiencia operativa e inserción en mercados globales. Argumentaron que los marcos regulatorios existentes los atan de manos e impiden que desarrollen todo su potencial productivo e innovador.
Este antagonismo pone de manifiesto un problema estructural: la cadena yerbatera argentina funciona como un conjunto de actores con lógicas económicas distintas y hasta antagónicas. Los productores primarios necesitan certidumbre y protección; los industrializadores demandan libertad de acción.
El debate legislativo adquiere relevancia particular considerando el peso que posee la yerba mate en economías regionales como las de Misiones y Corrientes. Miles de familias rurales y trabajadores urbanos dependen directamente de esta actividad, lo que convierte cualquier decisión normativa en un asunto de envergadura social y económica. Los legisladores que escucharon estos testimonios tienen sobre sus hombros la responsabilidad de diseñar políticas que traten de equilibrar intereses legítimos, aunque contrapuestos, en beneficio del conjunto del sector y las comunidades que lo sustentan.
Imagen: Lautaro Andreani / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural

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